Seguridad hídrica: el nuevo desafío geopolítico del Mediterráneo.

La reflexión sobre el valor geoeconómico y geopolítico del agua ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en los últimos años.

En muchos aspectos, estamos presenciando la misma trayectoria histórica que llevó a la energía, particularmente después de la crisis del petróleo de 1973, a evolucionar de ser considerada simplemente una materia prima, un insumo para la producción, a un componente esencial de la seguridad nacional.

La relevancia estratégica del agua es aún mayor, si consideramos que los recursos hídricos no solo son esenciales para la producción de alimentos, la industria y la salud de los ecosistemas, sino que también sustentan la producción de energía. Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ONU, aproximadamente el 90 % de la producción energética mundial depende de procesos que utilizan agua.

Esta creciente conciencia se ha desarrollado a través de varios hitos importantes en el debate internacional. En 1977, en Mar del Plata, el tema del agua se abordó por primera vez en una conferencia mundial de las Naciones Unidas. En 2015, la protección y el acceso a los recursos hídricos se incorporaron a la agenda internacional de desarrollo sostenible mediante dos objetivos específicos: el Objetivo 6 sobre agua dulce y el Objetivo 14 sobre océanos y mares. En 2023, las Naciones Unidas reanudaron la celebración de una conferencia mundial sobre el agua tras una pausa de casi medio siglo.

Desde una perspectiva geoeconómica, ya en 2016 el Banco Mundial publicó su informe "High and Dry: Climate Change, Water and the Economy" (En apuros y sequía: cambio climático, agua y economía), advirtiendo que la escasez de agua, exacerbada por el cambio climático, podría causar pérdidas del PIB de hasta un 6% para 2050 en algunas regiones, al tiempo que impulsaría la migración y aumentaría el riesgo de conflicto.

De este modo, el agua deja de considerarse únicamente un problema medioambiental, al tiempo que comienza a surgir el concepto más amplio de "seguridad hídrica", articulado en al menos tres dimensiones.

El primer aspecto se refiere al agua como infraestructura de transporte por derecho propio. Al igual que las redes ferroviarias o las autopistas, el Canal de Suez, el Canal de Panamá y los estrechos de Ormuz, Gibraltar y el Bósforo se encuentran entre los principales puntos estratégicos del comercio mundial. Estas vías navegables esenciales resaltan la importancia estratégica de la seguridad marítima y las rutas comerciales, lo que vuelve a poner en primer plano el concepto de «dominio marítimo».

Las vías navegables interiores también se utilizan como rutas de transporte en muchas regiones del mundo. A finales de julio, el sistema de monitoreo fluvial de Alemania informó de niveles de agua extremadamente bajos en el 44 % de las estaciones de monitoreo del Rin y en el 78 % de las del Danubio, dos de los ríos más grandes e importantes de Europa. Esto tuvo consecuencias para los costos de transporte y los plazos de entrega, ya que la navegabilidad se vio interrumpida o, en algunos tramos, se volvió imposible. Por lo tanto, la sequía, el cambio climático y la disminución del caudal de los ríos se están convirtiendo en importantes fuentes de inseguridad económica y extrema vulnerabilidad para los Estados, afectando directamente la viabilidad de sus rutas de transporte comercial.

Una segunda dimensión se refiere al tema del agua compartida. Según el informe UNECE-UNESCO/ONU-Agua de 2024, existen 313 cuencas fluviales y lacustres transfronterizas y 468 acuíferos transfronterizos en todo el mundo. Sin embargo, solo 43 de los 153 países cuentan con acuerdos operativos que abarcan al menos el 90 % de sus aguas transfronterizas, mientras que apenas 26 países tienen acuerdos operativos que cubren la totalidad de sus aguas compartidas.

Esto se ha convertido en una cuestión geopolítica crucial, junto con la regulación del uso de los cursos de agua entre los países de la cuenca alta, que de hecho «poseen y gestionan» el agua antes de que llegue a otros, y los países de la cuenca baja, que están fuertemente expuestos a las decisiones tomadas en la cuenca alta. En la región mediterránea en general, esta «asimetría geopolítica natural» afecta a cuencas fluviales de importancia estratégica primordial, incluidas las del Nilo, el Jordán, el Tigris-Éufrates, el Orontes, el Drin y el Sava.

Finalmente, la tercera dimensión se refiere a la disponibilidad y el acceso a los recursos hídricos, el aspecto más directamente vinculado a la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus condiciones de vida. Hoy en día, es necesario encontrar nuevos equilibrios en los presupuestos hídricos territoriales, que se ven sometidos a una presión creciente debido a la demografía, el aumento del consumo industrial de agua y una preocupante asincronía entre los periodos de recarga de acuíferos, los patrones de lluvia cada vez más irregulares y los periodos de máxima demanda de agua para uso doméstico, agrícola e industrial.

El sistema crítico de gestión integrada del agua requiere atención e inversión constantes para garantizar el acceso, la distribución y la calidad del agua, mediante el mantenimiento continuo de la infraestructura estratégica de almacenamiento de agua y el aumento de la capacidad para el tratamiento y la reutilización de aguas residuales.

Más de 500 millones de personas dependen de las principales infraestructuras hídricas de la región mediterránea. Más del 60 % de los recursos hídricos disponibles en las costas sur y este se gestionan mediante infraestructuras artificiales a gran escala: la presa de Asuán, el sistema de trasvase de agua del Gran Río Artificial de Libia, las principales plantas desalinizadoras de Israel, las presas anatolias del proyecto GAP de Turquía, así como los sistemas de acueductos que abastecen a ciudades como Roma, Argel, Túnez, Amán y El Cairo.

Los acueductos, las represas, las plantas desalinizadoras, los sistemas de bombeo, las redes de distribución y las plantas de tratamiento de aguas residuales constituyen hoy la columna vertebral invisible que sustenta la vida económica y social de cientos de millones de personas. Cuando una central eléctrica sufre una avería, se interrumpe el suministro de energía. Cuando la infraestructura hídrica se ve afectada, la supervivencia misma de las comunidades corre peligro.

Las consecuencias de los daños pueden abarcar desde la interrupción del suministro de agua potable hasta un mayor riesgo de epidemias y enfermedades transmitidas por el agua; desde la reducción de la disponibilidad de agua para la agricultura, lo que resulta en una mayor inseguridad alimentaria, hasta el desplazamiento forzado de poblaciones y el consiguiente empeoramiento de las tensiones sociales y políticas.

Aunque están explícitamente protegidas por convenios internacionales, incluidos los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, en particular el artículo 54 del Protocolo Adicional I, los recientes acontecimientos en Gaza, el Golfo Pérsico, Qeshm, Kuwait y Bemani han demostrado repetidamente cómo la infraestructura hídrica puede convertirse ilegalmente en objetivo militar. A medida que la importancia crítica de dicha infraestructura se ha hecho cada vez más evidente, los sistemas de agua también se han convertido en blanco de ciberataques terroristas, como lo ilustran los siete ataques que, según se informó, sufrió la infraestructura hídrica estadounidense a principios del verano y que fueron publicados por The Guardian.

A pesar de la creciente importancia que se le otorga al agua, la gobernanza internacional del agua sigue siendo débil y fragmentada, y a menudo el agua carece de una identidad propia y de un espacio específico en las principales cumbres internacionales sobre medio ambiente, incluidas las COP.

Sin embargo, como hemos visto, la seguridad hídrica coincide cada vez más con la seguridad humana. Por lo tanto, comenzando por el Mediterráneo, es necesario promover mapas compartidos de infraestructuras hídricas críticas, protocolos específicos de protección civil y militar, sistemas de monitoreo satelital para infraestructuras estratégicas, mecanismos de cooperación regional para la respuesta a emergencias y el reconocimiento internacional de las principales infraestructuras hídricas del Mediterráneo como activos esenciales para la estabilidad regional.

En lo que respecta al cambio de paradigma necesario a nivel internacional, la Comisión Global sobre la Economía del Agua (GCEW) ha presentado una propuesta particularmente sugerente. En su informe de 2024, La economía del agua: Valorar el ciclo hidrológico como un bien común global, la Comisión argumenta que el agua azul y el agua verde, las precipitaciones, los suelos, la vegetación y los flujos de humedad atmosférica deben entenderse como componentes de un único sistema interdependiente y reconocerse como un «bien común global».

Sin llevar el concepto a los extremos ni construir categorías que puedan resultar intelectualmente atractivas pero difíciles de poner en práctica, y respetando plenamente la soberanía nacional y los niveles locales de gestión de los recursos hídricos, podría considerarse la posibilidad de definir la estabilidad e integridad del ciclo hidrológico mundial como un "bien común de la humanidad", lo que implicaría una responsabilidad compartida para su protección, respetando plenamente la soberanía de los Estados sobre sus propios recursos naturales.

Dicho marco jurídico no internacionalizaría el agua en sí misma, sino la responsabilidad de mantener la estabilidad de su ciclo. Esta responsabilidad podría vincularse a un conjunto limitado de obligaciones verificables: monitorear los flujos de humedad atmosférica y el agua verde; proteger los ecosistemas fundamentales para el ciclo hidrológico; evaluar los impactos hidrológicos transfronterizos de las principales transformaciones del uso del suelo; financiar los servicios ecosistémicos; y establecer un mecanismo internacional de presentación de informes.

Emilio Ciarlo